La designación del papa demagogo pareció dejar en el olvido el conjunto de tropelías y crímenes sexuales del clero contra miles de niños y niñas en todo el mundo, los mismos que dicen proteger desde el momento de la concepción.
Mientras en Vaticalia (término acuñado por el periodista Miguel Mora), y sus sucursales campea a sus anchas el gatopardismo ideológico, el sentimentalismo religioso, y un infantil “clima de esperanza”, los organismos internacionales que trabajan dentro del marco de la adultez y responsabilidad jurídica, hicieron comparecer en la ciudad de Ginebra a los representantes del estamento clerical, el mismo que hundió a la institución en una crisis terminal que, a base de demagogia y propaganda, tratan de revertir por todos los medios.
Si
bien haber comparecido y “dar la cara” fue un hecho histórico, no lo fueron las
respuestas ni las explicaciones de parte del estado teocrático. Y no lo fueron
porque, no obstante la pavoneada “tolerancia cero” que supuestamente impera en
la institución, las causas que han motivado semejante cúmulo de aberraciones
continúan.
Malos antecedentes
Por
ser firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, la Santa
Sede debe presentar informes cada cinco años. No obstante, sólo presentó dos:
en 1995 y 2011, lo que demuestra la renuencia en transparentar la situación.
Por
su parte, en el mes de noviembre de 2013 tenía la obligación de informar al
Comité de Derechos del Niño las investigaciones internas relativas a los abusos
sexuales cometidos por el clero. Sin embargo, recurriendo a una “chicana”
jurídica, informó que no las revelaría a menos que fuesen solicitadas por un
gobierno o Estado, como parte de sus procedimientos legales.
Justificaron
su respuesta en que sus investigaciones son privadas, no pueden ser compulsadas
por el público, todo con la finalidad de proteger al acusado, a los testigos, y
la integridad del procedimiento de la iglesia; también para “respetar” a las
víctimas. Patrañas clericales derivadas de un procedimiento canónico armado
para amparar a los delincuentes.
Con
estos malos antecedentes, se llegó a la audiencia pública del 16 de enero de
2014 donde hubo otro penoso show de fingimiento e hipocresías vaticanas.
Los reyes de la trampa
El
representante de la santa sede ante la ONU, mostró una primera carta: “Se
encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del
mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal
de la iglesia. Este hecho es especialmente grave, ya que estas personas están
en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los
elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual" (1).
La
falacia, que generaliza algo particular, fue expuesta sin ningún complejo. El
punto es que no se los interrogaba sobre todos los ámbitos donde se producen
abusos sexuales, sino de los que llevan a cabo sacerdotes católicos,
encubiertos por la multinacional religiosa.
La
segunda engañifa vino por el lado de quién tiene competencia para juzgar los
delitos de abuso sexual del clero: “investigar y juzgar estos delitos
corresponde a los Estados donde han tenido lugar”, ¡no faltaba más! Por lo
tanto, la Santa Sede no tiene por qué informar.
“Cuando
la Santa Sede accedió a ratificar el tratado, no lo hizo en nombre de todos los
católicos del mundo. Cada miembro de la Iglesia Católica está sujeto a las
leyes del país en el que vive”, dice el documento presentado. Esto es correcto
si se enfoca la legislación civil.
Sin
embargo, si se tiene en cuenta la legislación canónica, el fiel católico
abusado sexualmente está sujeto a las leyes impuestas por la autoridad
religiosa y debe someterse a las mismas por ser un deber regulado en el
estatuto jurídico común de dichos fieles. Ergo, podría hacer dos denuncias en
dos fueros distintos: el civil y el canónico. Lo que el Comité de la ONU
requirió, fue información sobre el fuero canónico, no del civil.
Luego
del show de las evasivas y el fingimiento, el director de la Oficina de Prensa
y portavoz de la Santa Sede publicó una nota donde manifestaba el
comportamiento “ejemplar” de las autoridades vaticanas relativas al asunto. Por
supuesto, puso como ejemplo (para distraer), al papa demagogo: ““¿Qué jefe de
los 193 "Estados" del Comité de la Convención sobre los Derechos del
Niño, puede representar mejor testimonio y eficaz aval que el Papa Francisco y
su amor tan fuerte por la infancia?” (2).
Más
allá de la típica cursilería de un preboste vaticano, nadie le recordó al
vocero que de ser ciertos sus elogios deberían avisarle al papa Francisco que
aquel “amor tan fuerte por la infancia” podría manifestarlo en su país natal,
informando dónde fueron a parar los bebés robados en los centros clandestinos
de detención durante la última dictadura cívico-militar-católica.
Las causas de la plaga:
intactas
Recordemos
el “modus operandi” de la Iglesia Católica en materia de abuso sexual contra niños/as
y jóvenes producto de la relación de poder y subordinación ejercida por los
sacerdotes abusadores.
Puede
sintetizarse en el “decálogo” mencionado por Pepe Rodríguez: 1) averiguación
discreta de los hechos; 2) inicio de acciones disuasorias con el agresor y la
víctima; 3) encubrimiento del agresor y de los hechos antes de que afloren; 4)
toma de medidas para reforzar el ocultamiento; 5) negación de los hechos cuando
se hacen públicos; 6) defensa pública del agresor sexual y atribución de
méritos; 7) descalificación pública de la víctima y de su entorno; 8)
atribución paranoide de las acusaciones a campañas orquestadas por “enemigos de
la iglesia”; 9) posibilidad de negociación con la víctima; 10) protección del
abusador sexual” (3)
Ese
método delictivo, avalado por la normativa canónica que aplicaron los más
grandes encubridores de curas pederastas - Juan Pablo II y su cardenal
Ratzinger -, estuvo (y está), acompañado por un sistema jurídico preparado para
proteger a los curas delincuentes.
Dicho
sistema viola las más elementales reglas del debido proceso y defensa en
juicio, desde el momento en que la víctima no tiene plena participación en el
procedimiento que inician los obispos, sobre todo, el derecho a informarse de
modo fehaciente del estado procesal de la investigación. Algunos ejemplos:
asistir a las audiencias testimoniales; compulsar las pericias psicológicas que
se hicieren al delincuente; tachar testigos; compulsar legajos personales de
los curas abusadores. Nada de eso pueden hacer las víctimas, ni sus abogados.
A
ello se suman la indeterminación de las sanciones que pueden ir desde una
amonestación (incluida una “palmadita” en la espalda, por ejemplo), hasta la
expulsión del clérigo; todo depende del capricho del obispo. He ahí la
ilegalidad. Las sanciones penales no pueden ser indeterminadas, como tampoco
pueden dejarse al arbitrio de un jerarca.
El
procedimiento canónico en la materia, sea administrativo o judicial, es un
monumento a la violación de derechos humanos elementales.
Tolerancia cero: un burdo maquillaje
Sara
Oviedo, investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, sostuvo: “Teniendo
en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los
abusos… ¿por qué se hicieron “esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de
casos?”. Se equivocó la investigadora. Partió
de una premisa falsa: que exista “tolerancia cero” contra los
abusadores. Pecó de ingenua.
Desde
que se hiciera público el problema (año 2000 en Boston), hasta las “nuevas”
medidas adoptadas por Ratzinger, no existió “tolerancia cero” propiamente dicha
en la iglesia. Primero, porque la Santa Sede se ampara en su propia legislación,
como se dijo, violatoria de derechos humanos; segundo, porque no ha puesto a
disposición de las víctimas, de los organismos internacionales, ni de los propios
católicos sus archivos secretos; y tercero, porque sigue vigente la Instrucción
Secreta “Continere”, aprobada en 1974 por Pablo VI, que dispone el “secreto
pontificio” a todos aquellos involucrados en las investigaciones sobre abusos
sexuales.
El
resto de las nuevas disposiciones - subidas, incluso, en la página web de la
Santa Sede - son un maquillaje para aparentar “preocupación” por las víctimas.
Y Francisco, el papa demagogo, sigue esta línea, por más gestos, palabras
bonitas, buenos sentimientos, y comisiones integradas por sotanas y laicos
serviles que haya formado.
Lo
que oportunamente llamamos “cuestión sexual” del clero católico, una de cuyas
implicancias son los abusos sexuales, sigue intacta en la Iglesia Católica. Y
continuará así por la sencilla razón que no hay control externo de los actos de
la autoridad episcopal, ni cambio en su ideología. En una monarquía absoluta,
los súbditos sólo obedecen, y sin chistar. No les importan las personas, les
importa la institución; para eso trabajan desde el siglo IV dC. El fraude hay
que mantenerlo en el tiempo, cueste lo que cueste.
Mientras
el rebaño aplaude al papa demagogo por sus gestos “humanos”, y es engañado con
mensajes donde se ratifica la tolerancia cero hacia los curas abusadores, miles
de víctimas siguen esperando justicia real y efectiva.
Tal
vez, lo que suceda es que aquellos idólatras papales quieran lavar rápidamente las
manchas que tienen en su conciencia, surgidas por su propia cobardía y omisión.
Pero ni estas, como tampoco las de semen en las sotanas de los abusadores, se
limpian fácilmente. Para hacerlo tienen que aplicar un “jabón” que no conocen,
compuesto por transparencia, verdad, y respeto hacia el prójimo, ese que, como
en la parábola del buen samaritano, no se cansan de ignorar y abusar.
Notas
(1) “El Vaticano esquiva las preguntas de la
ONU sobre abusos a niños”, en www.sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/16/.../1389868856_124714.html(2) “No hay excusa para cualquier forma de violencia o explotación de los niños”, en www.zenit.org
(3) RODRÍGUEZ, Pepe, Pederastia en la Iglesia Católica, Ediciones B, Madrid, 2002, página 256 y ss.
