NACIONALCATOLICISMO Y EDUCACIÓN LAICA

La noticia publicada por MDZ online relativa que el gobernador de Mendoza habría dado la orden a los legisladores de su partido de eliminar la palabra “laica” de la futura ley de educación provincial abrió un debate que se suponía superado hace tiempo.

Descomunal error político no hace otra cosa que socavar lo más importante que tenemos los mendocinos en ese plano: el sistema democrático, representativo y republicano, candidatos a ser pisoteados - nuevamente - por los herederos del nacionalcatolicismo vernáculo los mismos que, supuestamente, “apretaron” al mandatario.

Los estudios sociológicos indican que se ha naturalizado la presencia de la iglesia católica en el ámbito político. Este fenómeno ha repercutido en la laicidad condicionándola y destiñéndola. Resultado: existe una garrafal confusión, devenida en ignorancia, respecto a qué debe entenderse por ella, cómo se manifiesta y qué papel le caben al Estado y a las religiones.

1. La importancia de la laicidad

El contexto internacional ayuda al análisis ya que las religiones, contra todo pronóstico, no han desaparecido y sus grupos generan en diversos países conflictos de toda índole. Problemas como la presión que hacen referentes religiosos para que no se sancionen leyes que contrarían sus postulados; la lucha que sostienen determinados grupos para poder vestir públicamente sus atuendos religiosos (por ejemplo, el velo islámico); la irrupción violenta de fanáticos en museos públicos para que se prohíban exposiciones de arte que consideran “blasfemas”; la imposición de simbología religiosa en espacios públicos y dependencias del estado, violando sistemáticamente la igualdad ante la ley, demuestran la vigencia y dimensión del problema y su directa relación con la laicidad.

En nuestro país también el contexto social y político es propicio para evaluar la vigencia del fenómeno ya que han surgido conflictos como la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta, o la presión llevada a cabo por la Conferencia Episcopal Argentina para evitar que se sancionaran reformas en el Código Civil relativas a materias como familia, matrimonio y bioética, entre otras, que se suman a las presiones que los mismos obispos católicos hacen a los gobernantes para que no se implementen los protocolos sobre aborto no punible, autorizado desde 1921, y cuyo último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clarísimo en cuanto a su legalidad.

¿Por qué en pleno siglo XXI se debe seguir trabajando  para apuntalar la laicidad? Por la presencia de los grupos integristas que no digieren que las sociedades se encaminen hacia dos postulados manifestados hace siglos por John Locke en su “Carta sobre la tolerancia”, considerada por algunos como el hito fundacional de la laicidad: no coacción para la creencia y libre búsqueda del sentido de la vida.

El integrismo, casi siempre asociado al conservadurismo político pretende, conforme el pensamiento de Umberto Eco, que sean los principios religiosos quienes modelen la vida política y social de los pueblos y sean fuente de sus leyes. No soportan la autonomía de varones y mujeres para dirigir sus vidas y darse sus normas jurídicas.

¿Qué defiende la laicidad? Siguiendo el criterio de Ignacio Ramírez, defiende la democracia como el valor político fundamental para un desarrollo con justicia social, paz y gobernabilidad; un régimen político-social creado por las sociedades para que la pluralidad y diversidad  puedan ser vividas de manera pacífica, tolerante, incluyente y armoniosa, defiende la libertad de conciencia, así como otras libertades que derivan de ella: de creencia, de religión, de expresión, de culto y pensamiento; la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de todas las personas frente a la ley; la promoción y respeto a los derechos humanos especialmente de las minorías, sean estas religiosas, étnicas, de género o por preferencia sexual; la equidad y el trato justo, lo que implica una autonomía real frente a cualquier doctrina religiosa; reformas legales que garanticen los derechos humanos de la población, como el derecho a la salud, a una educación de calidad y otros derechos sociales; la implementación de políticas públicas basadas  en evidencias científicas e información objetiva, veraz y suficiente, y no en dogmas religiosos; las libertades de todos y todas, en el respeto de su libertad de conciencia, evitando coerciones y limitaciones de todo tipo sobre ella. Defiende la educación libre de dogmas y doctrinas religiosas, enfocada en la ciencia, por lo tanto, no admite la imposición de cualquier enseñanza religiosa, sus festividades y simbología en las escuelas públicas.

2. La inconstitucionalidad por omisión en la futura ley de educación

Precisamente, si se eliminara la palabra “laica” de la futura ley de educación provincial existirían más posibilidades – y grave riesgo – de perder aquellos valores y de abrir la puerta al dogmatismo religioso, desesperado por meterse en las escuelas públicas de la provincia. Además, chocaría de plano con el artículo 212 inc. 1 de la Constitución de la Provincia que la consagra expresamente, lo que la convertiría en inconstitucional por omisión.

Habrá que recordarles a los sectores clerofascistas y a los políticos confundidos lo que el constitucionalista católico Bidart Campos decía: “La Inconstitucionalidad por Omisión se produce cuando un órgano del Estado no ejecuta un deber constitucional, ya sea éste expreso o tácito. Tal concepción se fundamenta en el principio de la supremacía constitucional. Establecido por la Constitución un mandato o un deber para los poderes públicos, tal por ejemplo el de regular por ley una determinada materia, no pueden dichos poderes eludir su obligación dilatando indefinidamente su cumplimiento. La Constitución no es un mero documento subordinado a la voluntad política de los gobernantes de turno: su fuerza normativa obliga y vincula, y en consecuencia la totalidad del ordenamiento jurídico, es decir, las normas infraconstitucionales y los hechos, actos u omisiones, tanto de autoridades como de particulares, se encuentran compelidos bajo la supremacía constitucional” (1).

¿Y qué dice el referido artículo de la Constitución Provincial? “La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca”. Esto no significa otra cosa que un mandato para los políticos y legisladores.

3. Nacionalcatolicismo y el emponzoñamiento de la política

El guiño político a los esbirros del nacionalcatolicismo en Mendoza trae de la mano, también, al clericalismo y su hermano mellizo - el clerofascismo – ponzoña social que la Argentina padece desde su fundación.

“En el clericalismo religión y política se entrecruzan y la Iglesia se vale del Estado, o del poder político, para reafirmar un sistema de poder eclesiástico, o el Estado, o el poder político, se vale de la Iglesia para afianzar el sistema de gobierno o las situaciones político-sociales” (2).

Dicho de otro modo: la iglesia católica se entromete en cuestiones sobre las que no tiene competencia - lo temporal -; y los políticos pisotean los valores republicanos y constitucionales imponiendo dogmas y doctrinas a todos los ciudadanos y ciudadanas violando su libertad de conciencia y la igualdad ante la ley.

No hay que estar muy despiertos para darse cuenta que la decisión política de ordenar quitar la palabra laica de la futura ley de educación de la provincia viene con aquel sello.

Implica la influencia nefasta del clero y sus brazos seculares en los asuntos políticos de la provincia, la misma que tuvieron en el último gobierno de facto con las consecuencias ya conocidas. Esto es lo que nos espera a los mendocinos en materia educativa si se llegara a eliminar la palabra “laica” de la futura ley.

El presidente francés Valéry Giscard d’Estain fue un ejemplo de respeto a las libertades laicas ya que no era partidario de gobernar con la biblia en la mano, a pesar de sus creencias personales. En algún momento histórico supo decir: “Yo soy católico (…) pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa, para que sea respetada y pueda ser aplicada” (3).

Y el estado real de la educación mendocina está sostenido por la laicidad - piedra angular de la misma -, consagrada en la Carta Magna. Gravísima responsabilidad, entonces, de los legisladores en garantizar su respeto y asegurar a las futuras generaciones que no aparezca nuevamente el fantasma de la “civilización occidental y cristiana”, mito de legitimación de la última dictadura cívico-militar-católica.

Notas

(1) Bidart Campos, Germán, J., El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, 1995, Buenos Aires, Ediar, p. 468.

(2) Bada, Joan, Clericalismo y anticlericalismo, 2002, Madrid, B.A.C., p. 10.

(3) Urrutia, Elena, “Estado laico y aborto”, en www.jornada.unam.mx › martes 3 de abril de 2007 › Opinión

PREBENDAS AL CLERO: ¿DESHONESTIDAD, O EXCESO DE IGNORANCIA?

Según lo dicho oportunamente por el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica “no pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición” (1).

En Argentina se ha sancionado un nuevo Código Civil justificado en los cambios sociales, en una realidad plural y diversa, unificándolo con el corpus comercial, y tutelando derechos reconocidos hace tiempo por instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, dejó incólumes los privilegios hacia la Iglesia Católica, haciendo caso omiso a aquella declaración eclesiástica.

Si bien sería una necedad reducir la importancia de la reforma a un par de artículos - sobre todo al actual 146 -, los representantes del pueblo perdieron una oportunidad inmejorable para avanzar en la consolidación de la aconfesionalidad del Estado argentino, en la igualdad religiosa a nivel institucional, y en la derogación de las bochornosas prebendas que se le reconoce a la antigua enemiga de la república y la democracia.

Harto conocido es el sistema de privilegios de los que goza la institución católica, la mayoría de ellos otorgados en los gobiernos militares que no se cansó de avalar, desde el primero en 1930 hasta el último de 1976, y que rompen en mil pedazos el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Privilegios que ciertos especialistas engloban en una vergonzosa fórmula: “libertad de cultos, sin igualdad de cultos”. Fórmula “feliz” para algunos que pavonean su más puro y ridículo fariseísmo religioso, los mismos que justificaban la “conversión” de los indios al catolicismo romano, el mismo que saqueó las culturas de los pueblos originarios y combatió casi hasta su exterminó a las religiones ancestrales.

Pero detengámonos en dos cuestiones que demuestran la antigualla mantenida en el nuevo Código referidas a la iglesia.

1. El absurdo de la persona jurídica pública

Dice el nuevo artículo 146: “Son personas jurídicas públicas: a. el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

b. los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

c. la Iglesia Católica.

El legislador insistió en mantener la condición de persona jurídica pública a la iglesia. Sin embargo, si se tienen en cuenta las características que los expertos otorgan a dichas entidades, se observa que ninguna de ellas se aplica a la referida institución, a saber: creación por toda comunidad; perseguir el interés general; poder de coacción.

La Iglesia Católica no ha sido creada por la sociedad argentina; no persigue el interés general, sólo sus propios intereses (o los del papa romano); ni tampoco tiene capacidad de coacción respecto a los ciudadanos sino sólo un poder moral sobre la minoría de bautizados que practican esa religión.

No tiene sentido mantener una condición que la organización religiosa no tiene ni tendrá en el derecho interno. Sin embargo, lo que se ha ratificado con la norma es una categoría que los sociólogos de la religión hace tiempo vienen señalando respecto de la iglesia: ser un estado dentro de otro estado. Agreguemos: con un ordenamiento jurídico paralelo al nacional donde se cometen todo tipo de violaciones a derechos humanos, sin control estatal.

La oportunidad que se perdió fue ajustar el nuevo Código al sistema laico/aconfesional de la Constitución Nacional si se tiene en cuenta que no hay religión oficial ni de estado.

2. Igualdad religiosa institucional: eterna ausente

El privilegio mencionado hace tiempo que viene acompañado de otros: el trillado artículo 2 de la C.N.; el Concordato de 1966, obsoleto y contrario a la Carta Magna por donde se lo mire, y el conjunto de normas con que los últimos genocidas militares premiaron a los obispos católicos.

El “combo” clerical, por el cual la Conferencia Episcopal Argentina no ha movido un solo dedo para que se derogue, es el principal responsable de que en nuestro país existan entidades religiosas de primera y de segunda categoría, con la consiguiente violación de derechos.

Y el nuevo Código convalida torpemente esa discriminación.

Si bien la Constitución Nacional garantiza la igualdad religiosa individual, es decir, el derecho que los ciudadanos y ciudadanas tienen de no ser discriminados por sus creencias  y convicciones religiosas, no sucede lo mismo a nivel institucional: no existe en el país trato jurídico similar del Estado hacia todas las organizaciones religiosas que residen en su territorio.

Si bien existen en el Congreso de la Nación proyectos de ley que proponen regularizar dicha situación, la mayoría de ellos (por no decir todos), mantienen los privilegios clericales y conceden algunas migajas jurídicas al resto para dejarlos contentos.

La oportunidad que se perdió en este punto es acrecentar el sistema aconfesional del Estado nacional, considerando a todas las iglesias como instituciones de orden privado, asignando a todas ellas el carácter de asociaciones y sometiéndolas al derecho común.

Hubiese representado la cancelación de una pesada deuda para con la democracia por la genocida participación de la Iglesia Católica en la última dictadura militar, avalando la tortura y el asesinato, incluso, de sus propios cuadros.

No obstante, triunfó el fariseísmo de quienes, siendo representantes del pueblo, hicieron prevalecer los intereses del papa católico por sobre los de la sociedad.

3. Nuevo cuerpo legal con viejas canonjías

El Código, que es de avanzada en muchas de sus normas, atrasa ciento cincuenta años en los puntos que hemos señalado. Los obispos católicos, agradecidos; las entidades religiosas no católicas, “ninguneadas”, y la igualdad ante la ley pisoteada por los legisladores, enceguecidos por un infantil chauvinismo papal.

En el nuevo cuerpo legal se ratifica el carácter parasitario de la institución religiosa para con el Estado. Los obispos católicos no sólo no han renunciado a privilegio alguno sino que tampoco hicieron mención alguna en los documentos que elaboraron en 2013 relativos a la reforma.

Aquella declaración de Gaudium et spes citada al comienzo de esta nota demuestra que la institución y sus funcionariado clerical siguen rindiendo culto a la deshonestidad, mientras los legisladores se exceden en su ignorancia.

La pesada y oxidada ancla clerical en materia civil remite - una vez más - a los cuestionamientos que Alejandro Vinet planteaba en su momento: “Se nos pregunta: ¿Qué quiere Ud. que sea de la religión sin el apoyo del Estado? Contestamos: que sea lo que pueda; que sea lo que puede ser; que viva si tiene que vivir, que muera si tiene que morir. Ella vino al mundo para demostrar que el espíritu es más fuerte que la materia, fuerte sin la materia, fuerte contra la materia. No debemos impedir que lo demuestre. Si no puede subsistir por sí misma, no es la verdad; si no puede vivir sin el artificio, es porque ella misma es un artificio…” (2).

Notas

(1) Constitución pastoral “Gaudium et spes, N° 76, La comunidad política y la Iglesia, párrafo 5°, en www.vatican.va/.../vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

(2) Citado por SCIALABBA, Raúl, Los bautistas y la libertad religiosa, en BOSCA, Roberto, La libertad religiosa en la Argentina: aportes para una legislación, Buenos Aires, Konrad Adenauer, 2003, p. 119.

LOS CAMBIOS “POUR LA GALERIE” DE FRANCISCO

El papa argentino dice estar llevando a cabo cambios para frenar la plaga de sacerdotes abusadores sexuales, encubierta sistemáticamente durante las monarquías de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Dos hechos producidos recientemente podrían hacer pensar que los mismos son efectivos: primero, la orden de arresto domiciliario del ex nuncio papal en República Dominicana, quien será sometido a juicio penal dentro del Vaticano y su “reducción” al estado laical; segundo, la remoción del cargo de obispo de Ciudad del Este, Paraguay, de Rogelio Livieres cuyos cargos, entre otros, eran los de proteger a un sacerdote argentino condenado por abusos sexuales en Estados Unidos.

Se le suma el gesto de expulsar de la Basílica Santa María la Mayor  - recién iniciado su pontificado - al cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston, también protegido por Juan Pablo II dentro de las murallas del Vaticano para no enfrentar las acusaciones judiciales de encubrimiento de 250 curas pedófilos.

Los apologistas del papa argentino machacan en los medios de comunicación para reforzar la imagen transparente y su política de “tolerancia cero”, o “campaña contra pederastas”.

Sin embargo, tratándose de una institución que históricamente se ha caracterizado por su oscurantismo y política criminal, donde la dignidad de las personas pasa a un segundo plano, aquellos “cambios” permiten cuanto menos plantear interrogantes y señalar que Bergoglio hace sólo lo políticamente correcto. Actos destinados a quienes lo aplauden como focas, pero que guardan silencio cuando hay que abordar el meollo del problema.

1. “Si non castus, cautus” (Si no puedes ser casto, sé cauto)

La muletilla clerical, una especie de consejo “sotto voce” que la autoridad eclesiástica brinda a todos aquellos clérigos que no soportan la inútil ley del celibato - o que ya la violaron, sea manteniendo esposa e hijos en la clandestinidad, sea delinquiendo con menores, sea manteniendo una doble vida hétero u homosexual, con el “plácet” de las autoridades -, es lo que no cumplió el polaco Jozef Wesolowski.

El caso del nuncio siguió este derrotero: a) denuncia ante la Fiscalía General de República Dominicana, quien lo acusó de abusar sexualmente de adolescentes pobres, “presas” preferidas por las sotanas pedófilas; b) traslado a la Santa Sede para ser juzgado, maniobra diplomática cuya finalidad es evitar que un preboste católico sea “humillado” ante tribunales ordinarios; c) juicio canónico y sanción por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe; d) “reducción” al estado laical, es decir, pasó a ser un borrego más, un menor de edad dentro de la institución religiosa. El término, correspondiente al violento argot clerical, demuestra el grado de subestimación y desprecio que las sotanas sienten por los laicos; e) arresto domiciliario en virtud que seguía en libertad, muy campante dentro del Vaticano, y porque se inició contra él un proceso penal ante los tribunales de esa Ciudad Estado.   

¿Qué hay de nuevo en ese hecho? Nada, pero sí de “impactante” ya que ayuda al cambio de imagen y al “blanqueo del sepulcro”. Que se haya arrestado a un nuncio (embajador), dentro del impresentable enclave territorial llamado “Estado de la Ciudad del Vaticano” - hermano menor de la fraudulenta “Donación de Constantino” - no pasa de ser una obligación para el papa argentino. La diferencia está en la calidad del sujeto: se  trata de un funcionario de alto rango, y no se pueden dar el lujo de aumentar el escándalo y pavonear su ya crónica impunidad.

Lo que sí saca a la luz la acción de Bergoglio es la descomunal arbitrariedad que imperaba en épocas de Juan Pablo II, protegiendo a eclesiásticos y prelados dentro del Vaticano (el caso del arzobispo Paul Casimir Marcinkus es paradigmático), y que él supuestamente quiere disminuir.

2. El meollo de la cuestión: intacto

En el supuesto caso que el ex nuncio sea condenado por la justicia vaticana ¿será una acción ejemplificadora para el interior de la institución? Para nada, porque el meollo de la cuestión permanece intocable: las normas jurídicas y los procedimientos que se aplican a los curas abusadores permanecen intactas. Veamos algunas:

a) La fase inicial del procedimiento canónico, violatoria de derechos humanos, en especial, la garantía de defensa en juicio

Las víctimas/denunciantes no tienen derecho a participar plenamente del procedimiento. Se les toma una declaración, se les permite ofrecer testigos y punto. Toda esta primera fase las deja a merced del capricho del obispo. No pueden compulsar las actas testimoniales, ni presenciar las declaraciones de los testigos; no pueden designar abogado que las represente; no tienen acceso a pericias, ni a controlar si las medidas cautelares, por ejemplo, traslado del abusador, se cumplen. En el caso de los testigos, podrían mentir sin problemas y esa circunstancia no sería advertida por los denunciantes.

La realidad de esta fase es más arbitraria y pérfida: a los testigos presentados por los denunciantes se les saca información para saber si las víctimas recurrirán a la justicia ordinaria o no. Se utiliza a los testigos para “armar” la defensa ante eventuales acciones legales contra la Iglesia.

Y para agravar aún más la violación de derechos, una vez terminada la investigación, el expediente se envía al Vaticano. La pregunta es ¿cómo hacen las víctimas de abuso sexual para defenderse a miles de kilómetros de distancia? Problema doble ya que llegado el expediente a Roma es designado un abogado canonista que cobra… ¡¡en euros!!

b) Durante la fase de investigación, el abusador sexual puede seguir delinquiendo tranquilamente

Producido el abuso sexual, el obispo sólo puede “amonestar” (retar al cura delincuente). El canon 1347 dispone: “1. No puede imponerse válidamente una censura [una sanción] si antes no se ha amonestado al menos una vez al reo para que cese en su contumacia, dándole un tiempo prudencial para la enmienda. 2. Se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito, y además haya reparado conveniente los daños y el escándalo o, al menos, haya prometido seriamente hacerlo”.

Asimismo el canon 1341 establece: “Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo”.

Este esperpento jurídico implica que al delincuente se le garantiza la impunidad. Veamos: ¿qué significará una “amonestación”? ¿Una palmadita en la espalda? ¿Un “retito” al depravado para que no siga violando niños? ¿Levantar el dedo índice con “cara de malo”? ¿Cuál es el “tiempo prudencial”? ¿Una semana, un mes, un año? ¿Y mientras tanto qué hará el reo? Seguir abusando.

¿Quién controla semejante mamarracho? Nadie, porque al obispo nadie lo controla. Es el espíritu medieval en pleno siglo XXI. Los cánones citados dejan ver la monstruosa patología que afecta al clero católico en esta y muchas otras relacionadas con temas sexuales.

c) El procedimiento canónico sigue siendo secreto

En principio, no está mal. La figura del secreto sumarial no está prohibida en los ordenamientos jurídicos, pero no es absoluta, ni ilimitada en el tiempo, salvo en el sistema canónico.

En dichos procedimientos rige el “secreto pontificio” para todos aquellos que intervienen en los mismos (incluida la víctima). Un abuso de poder con mayúsculas cuyo efecto inmediato es la violación lisa y llana del derecho de las víctimas a defenderse, a informarse y a controlar el procedimiento.

Este secreto se extiende también a los archivos cuya orden de apertura el papa Francisco no ha dado.

d) La Iglesia y sus normas: los Concordatos como vías de impunidad

El principal argumento que esgrime la institución religiosa para seguir aplicando semejante monumento a la arbitrariedad es que goza de autonomía para tener las normas jurídicas que le plazca. Dicha autonomía es garantizada por acuerdos internacionales que la Santa Sede firma con diversos Estados, denominados Concordatos.

Pero estos instrumentos no son “asépticos”. Persiguen intereses políticos, jurídicos, sociales y económicos bien determinados, como que los impulsa un estado extranjero. Dichos  intereses son los del papa católico, que busca estar por sobre los de los estados firmantes y la sociedad laica y plural, profese o no el catolicismo.

La autonomía de las entidades religiosas no es un principio absoluto, debiendo ceder ante las disposiciones constitucionales que regulan derechos humanos. Máxime cuando los concordatos, si bien con jerarquía superior a las leyes nacionales, carecen de jerarquía constitucional debiendo respetar la centralidad de la persona humana y el principio “pro homine”. En el caso el catolicismo romano, brillan por su ausencia.

Dentro de ese marco los Comités de la ONU que monitorean el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, advirtieron a la Santa Sede que debe cambiar sus normas jurídicas ya que son una de las principales causas de la expansión de la plaga de abusadores y su protección.

3. Situación en Argentina

En nuestro país la situación es la misma. El Concordato de 1966 crea a favor de la Iglesia Católica otra prebenda jurídica, de las numerosas que tiene esa institución: un enclave jurídico dentro del ordenamiento jurídico nacional, donde el Estado argentino no interviene, salvo que se encuentre afectado el orden público.

Garantía de impunidad dentro de la entidad religiosa ya que, aunque sean violados derechos fundamentales de los creyentes, se la esgrimirá para rechazar el control jurisdiccional del Estado.

El referido concordato ha sido utilizado en una causa judicial que involucra al Arzobispado de Mendoza, como argumento central para impedir que ciudadanos argentinos denunciantes de abusos no accedan a la información que la Constitución e Instrumentos internacionales sobre derechos humanos tutelan.

Similares problemas tiene en análisis y han sido advertidos a la opinión pública por la “Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico”, que trabaja en nuestro país.

Como se habrá observado las normas jurídicas y fases del procedimiento en materia de abuso sexual no han sido modificadas por el papa Francisco, y dejan ver que el meollo de la cuestión tampoco ha sido abordado.

Lo políticamente correcto no alcanza, siendo la demagogia y el doble discurso los andariveles por los que transita el monarca teocrático en esta materia.

Y como es sabido, lo políticamente correcto, en cualquier escenario, servirá para minimizar problemas, pero nunca para solucionarlos. 

LA MISA DE LOS DEMONIOS

El papa Francisco celebró el 07 de julio pasado una misa donde fueron invitadas seis personas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. La “novedad” alimenta la política demagógica de Bergoglio que lucha denodadamente para cambiar la imagen criminal de la iglesia católica.

Recibir a víctimas de abuso sexual no es algo nuevo. También los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI lo hicieron como un gesto que formaba parte del pedido de perdón al que ya nos tiene acostumbrados la iglesia cada vez que sus actos criminales salen a la luz.

Pero como es moneda corriente en las prácticas clericales, la manipulación e hipocresía también pudieron observarse en estos actos. En primer lugar, las víctimas “invitadas” fueron seleccionadas cuidadosamente. La invitación no fue para todos aquellos que hayan sufrido tan aberrantes hechos, encubiertos durante años por el “santo de los pedófilos” y su adlátere e ideólogo, ahora papa emérito. Es evidente que en su fingido gesto los funcionarios clericales no quisieron tener problemas con muchedumbre alguna de abusados. Sólo manipulan a unos pocos, es más fácil.

El dato ha sido corroborado por una carta que un grupo de argentinos - víctimas de curas abusadores -, le enviaron al pontífice recordándole que en nuestro país también existen numerosas personas que padecieron semejante delito clerical, llamándole la atención por no haberlos ni siquiera participado de la celebración.

La manipulación siguió con las declaraciones posteriores a la misa y reunión: “El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede habló con ellos y pudo constatar “la profunda gratitud que tenían hacia el Santo Padre”. En particular por haber “sido escuchados con mucha atención y disponibilidad” […] “cada uno manifestó según su sensibilidad, y sus sentimientos eran serenos y positivos”. Y añadió que “eran personas que se sentían gratas de haber vivido este encuentro” (1)

Gratitud, serenidad, atención, disponibilidad, sensibilidad, de las víctimas hacia el papa. Todo bien almidonado, al mejor estilo clerical. Pero ¿Se escucharon las voces de las víctimas? ¿Se les dio la palabra, para enterarnos lo que tienen para decir, cuáles son sus padecimientos? ¿Pudieron expresar públicamente su impresión? Para nada. Tratados como tratan al laicado, al rebaño servil y embobado, nuevamente se los silenció.

La farsa del acto litúrgico: violencia simbólica y revictimización

El oficio religioso fue dirigido al antropomorfo dios católico, creado a imagen y semejanza de los mismos criminales y encubridores que celebran sus ritos. El mismo que, supuestamente, todo lo sabe y conoce; el que eligió mediante un llamado vocacional a los delincuentes que violaron una y otra vez a cuantos niños, niñas y jóvenes les fueron confiados. A semejante “garante”, no habría que dedicarle ningún acto, sino pedirle explicaciones del mal y el daño que sus “representantes” cometieron y nunca evitó.

Ese dios ciego, sordo y mudo, es el responsable celestial de las millones de manchas de semen que ensucian las sotanas de sus “elegidos”, y que aún no se lavan, primero, porque la demagogia de Francisco sólo alcanza para blanquear mínimamente el aguantadero de pedófilos que aún mantienen, y segundo, porque el elemento clave que permitiría solucionar al descomunal problema - el sistema jurídico canónico -, siguen manteniéndolo, como mencionaremos seguidamente.

La misa celebrada con presencia de las víctimas fue una nueva manifestación de violencia simbólica y revictimización. Como sostiene Nuria Varela “La violencia simbólica no es “otro tipo de violencia” como la física, psicológica o económica, sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género, como de clase o raza. La violencia simbólica son los resortes que sostienen ese maltrato y lo perpetúan y está presente en todas las demás formas de violencia garantizando que sean efectivas” (2)

Y aquella violencia de los abusadores se vio proyectada en la misa presidida por Francisco donde las víctimas fueron, nuevamente, sojuzgadas y controladas, esta vez, por el jefe de los abusadores y su poder. Se utilizaron los elementos componentes de la religión, disfrazados de pedidos de perdón y reconciliación.

Abusos sexuales banalizados por la obediencia de cadáveres

En el libro “El alma de los verdugos”, Baltazar Garzón y Vicente Romero, haciendo referencia a los militares y genocidas argentinos, se preguntan ¿Quiénes son esos tipos que, tras despedirse de sus hijos con un beso, acuden a su trabajo como funcionarios ejemplares para torturar o asesinar a prisioneros políticos?

Aquellos genocidas eran, además, católicos confesos, de misa diaria, que habían jurado sobre su biblia, y luego cometieron las más grandes aberraciones. Muchos de ellos, al ser citados con posterioridad por la justicia, justificaron su accionar en la obediencia.

¿Puede aplicarse aquel interrogante a la reacción del laicado católico ante las medidas adoptadas por el Vaticano para frenar el flagelo de los abusos? Claro que sí. De modo que podríamos preguntar ¿por qué se adhiere acríticamente a las fingidas medidas de las autoridades clericales para paliar el flagelo? La respuesta es la misma: por obediencia. Hay cero autonomía y juicio crítico en grandes sectores del catolicismo, y eso trae la penosa consecuencia de banalizar el problema de los abusos sexuales del clero.

Ha sido Constantino Carvallo (citado por Gonzalo Gamio Gehri), quien abordó el problema de la obediencia dentro del catolicismo “que desliza al individuo hacia el ejercicio del mal banal, concepto arendtiano que describe el mal producido por la completa incapacidad de pensar” […] “la genuina idiotez de quienes no cuestionan las órdenes, y consideran que “se encuentran protegidos moralmente por ese blindaje que permite la obediencia” (3).

La misa celebrada por iniciativa de Bergoglio no hizo otra cosa que profundizar la banalización de un problema gravísimo, ante el cual el rebaño se limita a aceptar las medidas con ‘obediencia de cadáver’, sin intentar siquiera llevar a cabo algún tipo de control externo a las autoridades, ni presentar pedidos de informes y explicaciones. 

¡Todos con la conciencia tranquila, no faltaba más!

El intocable sistema de prevaricación: continuidad del abuso de poder

Las medidas adoptadas desde Benedicto XVI (modificación de algunas normas internas), hasta la creación de la “Comisión para la protección de los menores”, por iniciativa de Francisco (que incluye a una víctima de abuso), no pasan de ser un vil maquillaje con que la criminal institución religiosa pretende convencer al mundo que se está solucionado el problema.

Quienes confirmaron que el sistema de prevaricato canónico sigue vigente fueron los Comités encargados de monitorear el cumplimiento, por parte de la Santa Sede, de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En sendos informes se le comunicó al estado confesional que debe reformar las normas jurídicas (canónicas como eclesiásticas), que aplica en los procedimientos por casos de abuso sexual del clero como condición necesaria para empezar el solucionar el problema. Ese es el punto y lo que se niegan a resolver.

Por eso, y por más que se celebren actos litúrgicos y se creen comisiones de investigación; por más que pidan perdón, que se digite la modificación de ciertas normas, y paguen indemnizaciones, todo seguirá bajo el paraguas de la prevaricación y el encubrimiento, ya que lo fundamental - garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para las víctimas en el seno de la institución religiosa, en especial, la garantía de defensa en juicio, y derogar lisa y llanamente el “secreto pontificio” -, permanece sin reformar, intacto e inalterable dándole continuidad al feroz abuso de poder clerical.

La misa celebrada por Bergoglio como signo de reconciliación y pedido de perdón para con las víctimas de abuso sexual, ha sido una pantomima de lo que los católicos llaman “mesa del Señor”, y por esa razón, la misa de los demonios.

Notas

(1) “El Papa dio esperanza en el Vaticano a seis víctimas de abusos”, en www.zenit.org [ZS140707]

(2) “Violencia simbólica”, en nuriavarela.com/violencia-simbolica/

(3) “Autonomía moral, mal banal y 'catolicismo retro': comentarios a un texto de C. Carvallo”, en www.gonzalogamio.blogspot.com/.../gonzalo-gamio-gehri-el-da-sbado-12-de....

SOTANAS AMNÉSICAS Y VIOLENTAS

Un nuevo documento ha emitido la Conferencia Episcopal Argentina. Un nuevo acto de amnesia episcopal, esta vez, referido a la violencia que abruma a no pocos sectores sociales e institucionales de nuestro país.

El documento pretende hacer reflexionar a los católicos (que en su mayoría no siguen a los dirigentes eclesiásticos), y a los hombres de buena voluntad (expresión aún no definida por los gerontes, pero entendemos que son aquellos de los que no reciben oposición alguna), sobre un flagelo sin soluciones concretas.

Fingiendo como de costumbre, esta vez juegan a ser expertos en sociología, criminología, y psicología presentando su diagnóstico desde un rol harto conocido como vetusto, el de pretender ser “rectores morales” y “defensores” de la sociedad laica argentina, a la que su sanguinaria institución pisoteó cada vez que pudo en distintos momentos históricos.

La lectura general del documento deja una nueva evidencia de la hipocresía de los obispos argentinos, una especie de “abuelos vip”, que reciben un abultado sueldo del estado argentino gracias al dictador y genocida Videla. En particular, el escrito no hace otra cosa que generar más violencia producto de su descarada amnesia.

1. El antiguo rol de “rectora moral”

Siguiendo a Juan Cruz Esquivel, la evangelización del continente traída con la conquista española dio origen a un modelo de cristiandad que se manifestó en tres planos: a) la identificación de la identidad territorial con la religiosa, afinidad que fue consecuencia de imponerle al territorio conquistado la religión del imperio conquistador; b) a partir de esa consonancia, la institución católica se atribuyó el rol de “pilar” y “garante” de las futuras nacionalidades; c) permitió que la Iglesia Católica, a través de su jerarquía, se arrogase la facultad y poder exclusivo “de controlar múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas”, por ejemplo, cuestiones relativas a la familia, matrimonio, sexualidad, educación en general y educación religiosa en particular (1).

Ese modelo de cristiandad, de marcado perfil totalitario, produjo también una consecuencia fundamental: la Iglesia Católica no sólo iba a desempeñar su actividad en el plano que le era propio, el religioso, sino que empezaba su actuación en los escenarios políticos y sociales.

La matriz ideológica – que un vasto grupo de autores pretenden presentarlo como “natural” y justificarlo en las tradiciones – fue la que permitió el surgimiento de mitos como la “nación católica” y el “ser nacional” identificado con el “ser cristiano”, garantizados por la Iglesia Católica y, más adelante, por las Fuerzas Armadas.   

La importancia de esta idea/matriz es que aparecerá tiempo después para explicar y servir de fundamento a la posterior alianza y bloque político-ideológico que conformarían las Fuerzas Armadas con la institución religiosa, sobre todo, a partir del golpe de estado de 1930; idea/matriz que iba a ser el denominador común en todos los golpes de estado que la institución religiosa avalaría como “defensora” de la argentinidad.

Y es lo que continúa observándose en cada documento que emite la Conferencia Episcopal Argentina desde que se recuperó la democracia. El que comentamos lleva la impronta de ese rol.

2. El medallero de la violencia religiosa y clerical

Según el documento de la CEA, la violencia que padecemos a diario los argentinos reconoce múltiples causas, menos la religiosa, omisión patológica en todas sus declaraciones.

El pasado (tampoco el presente), ayudan al catolicismo. Guerras de religiones, conquistas, etnocidios y transculturación; hogueras y eliminación de personas de ambos sexos; aval ideológico a gobiernos dictatoriales como los gobiernos militares de América Latina, con sus secuelas de torturas, robos de bebés, violación del derecho a la identidad de las personas, persecución y muerte a sus propios fieles y clero, sin contar el fenómeno de los abusos sexuales a niños, niñas y jóvenes. Son hechos que demuestran que las religiones (sobre todo el catolicismo romano), lejos estuvieron (y están) de convertirse en “caminos para la paz”. La violencia física y psicológica en “nombre de Dios” ha sido una constante en el tiempo, y es la que en estas épocas siguen empleando grupos fundamentalistas e integristas para imponer sus convicciones.

Pero no contentos con ello, los obispos argentinos abordan distintas manifestaciones de la violencia vernácula, tomando distancia de manera grotesca, como si la institución que integran no fuese generadora de ella.

En el punto N° 5 destacan la corrupción y el desvío de dineros (calificados de “estafas económicas y morales”); las mafias del crimen organizado dedicadas a la trata de personas para la esclavitud laboral o sexual; tráfico de drogas y armas. Ahora bien, conociendo los datos irrefutables de la corrupción vaticana durante los dos últimos pontificados, preguntamos ¿Qué significan los datos aportados por la filtración de documentos reservados que produjo el “Vatileaks”? Si como bien dicen los funcionarios eclesiásticos “la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero "cáncer social", ¿podrá la sociedad calificar a la Conferencia Episcopal Argentina como “parásito estatal” generador de violencia?

El respeto de la ley es destacado en el punto N° 6 donde con su crónica falta de vergüenza  sostienen: “Algunos profesionales suelen utilizar de modo inescrupuloso artilugios legales para burlar o esquivar la justicia: también esto es inmoral”. Pero ¿No son también artilugios legales los que la Santa Sede y las iglesias locales aplican para seguir encubriendo al clero abusador sexual? ¿No son artilugios legales los que presentan cada vez que son demandados en la justicia, esgrimiendo sus ya anacrónicos privilegios? ¿No son artilugios legales los que esgrimieron al apoyar los golpes de estado en Honduras (2009) y Paraguay (2011)? 

La violencia verbal (N° 8), es otra de las mencionadas con dos derivaciones (calumnias y mentiras), que "socavan la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales" (Catecismo de la Iglesia Católica, 2486)”. Sin embargo, ¿no fue el propio Benedicto XVI quien manifestó estar “rodeado de lobos”? ¿No ha sido el propio Francisco quien denunció la masiva presencia de trepas, “garcas”, y arribistas en el Vaticano, que utilizan la calumnia y la mentira para dejar fuera de combate a sus adversarios en la patética “carrera” eclesiástica? ¿No es la iglesia en la Argentina una réplica de aquella corrupción? ¿Cómo se explican los casos de los obispos Bargalló y Maccarone?

Violencia verbal de la que tampoco escapa el laicado católico, acicateado con todo tipo de improperios generados por su tradicional enemigo y dominador (el clero). Desde la “plaga” de los divorciados, endilgando ese mote a todos los católicos que decidieron libremente rehacer sus vidas (2), pasando por el insulto a las nuevas formas de familia que no son “modélicas” (3), y terminando con la “enfermedad” de la homosexualidad sostenida en pleno siglo XXI por no pocos obispos. El término “rebaño” que jocosamente se utiliza en el argot clerical ¿no es un insulto?

Otro párrafo farsante, contenido en el mismo número, es el que dice: “Urge en la Argentina recuperar el compromiso con la verdad, en todas sus dimensiones. Sin ese paso estamos condenados al desencuentro y a una falsa apariencia de diálogo”. Ahora bien, ¿se olvidaron los obispos que todavía la sociedad argentina está esperando que la Iglesia Católica abra sus archivos para conocer la verdad relativa a los antecedentes de la dictadura militar que obran en ellos? ¿Ocultar información sobre desaparecidos y bebés robados, no es otra manifestación de violencia?

La cursi y empalagosa fraseología episcopal contenida en el N° 10 - no menos vacía de contenido -, que destaca al dios católico como "fuente de toda razón y justicia", se cae a pedazos luego de los breves antecedentes criminales mencionados.

3. Último premio a la violencia de la institución religiosa

El “Oscar” 2014 a la violencia religiosa le fue otorgado a la Santa Sede por el Comité de la ONU encargado de monitorear el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño por parte aquella persona jurídica internacional.

La lista de recomendaciones que el organismo le manifestó a la Santa Sede, para reducir los correlativos hechos violentos perpetrados y fomentados por la institución religiosa, incluye: hacer un estudio exhaustivo de su marco normativo, en particular, el Derecho Canónico, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Convención (N° 14); redoblar esfuerzos para hacer que todas las disposiciones de la Convención sean ampliamente conocidas  por los niños y sus familias (N° 22); para que elimine de inmediato la clasificación discriminatoria de los hijos nacidos fuera de matrimonio como hijos ilegítimos (N° 26); para que condene todas las formas de acoso, discriminación o violencia contra los niños sobre la base de su orientación sexual o la orientación sexual de sus padres y para apoyar los esfuerzos a nivel internacional para la despenalización de la homosexualidad (N° 26).

El Comité instó encarecidamente a la Santa Sede a cooperar con los estudios para determinar las causas de la práctica del abandono anónimo de los bebés y fortalecer y promover alternativas de forma expedita, teniendo plenamente en cuenta el derecho del niño a conocer a sus padres biológicos (N° 36); a retirar inmediatamente a todos los abusadores sexuales de niños conocidos y sospechosos, y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales pertinentes con fines de investigación y procesamiento penal (N° 44 b); instó a la Santa Sede a investigar debidamente todas las denuncias de los niños, niñas y adolescentes que son separados de sus familias por medio de la manipulación psicológica y asegurar que los responsables de la manipulación de los adolescentes rindan cuentas y cesen sus actividades (N° 51); preocupación por la situación de los niños nacidos de los sacerdotes católicos, quienes, en muchos casos, desconocen la identidad de sus padres. Al Comité también le preocupa que las madres solo puedan obtener un plan de indemnización regular por parte de la Iglesia solo si firman un acuerdo de confidencialidad y se comprometen a no revelar información (N° 33).

Y la lista de recomendaciones continúa, sacando a la luz el catálogo de violencias de diversos colores originadas en la institución religiosa. Las que mencionamos, son sólo a modo indicativo.

4. ¿Tendrá razón David Yallop?

Siete años atrás, cuando vino a la Argentina a presentar su último libro, el autor británico sostuvo: “Entrar en el Vaticano es como lavarse en un mar de hijoputez” (4).

Jugar a la “madre buena” es un papel que le habrá servido en otras épocas para mantener su poder de manipulación de las conciencias y de las sociedades. Levantar la bandera de la ética, arrogarse el rol de “rectora moral” de la sociedad, manteniendo niveles siderales de violencia institucional, no hace otra cosa que hacer extensiva la frase del mencionado autor a la sucursal que el catolicismo romano tiene en nuestro país.

Sus criminales antecedentes, los hechos de violencia que diariamente suceden en la corporación religiosa, el sistema jurídico canónico violatorio de derechos humanos, el trato ultrajante que sufren numerosos colectivos identitarios sean de género, sociales o de otras confesiones religiosas, el mantenimiento de una doctrina que no se cansa de discriminar a aquellos que no concuerdan con ella, con el pensamiento único, y el entrometimiento de los obispos en políticas públicas laicas, son algunos ejemplos que convierten al  documento en una cáscara vacía.

“Felices los que trabajan por la paz”, nuevo documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina, refleja no sólo un nuevo acto de violencia religiosa/clerical, que se suma a la que ya padece en sus diversos matices la sociedad argentina. Es también producto de la amnesia episcopal, hija de su propia senilidad.

Notas

(1) ESQUIVEL, Juan Cruz, Iglesia Católica, política y sociedad: un estudio de las relaciones entre la elite eclesiástica argentina, el Estado y la sociedad en perspectiva histórica, en www.biblioteca.clacso.edu.ar/subida/uploads/FTP-test/clacso/.../esquivel.pdf

(2) Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, Nº 29, www.vatican.va/.../hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_s...

(3) Conferencia Episcopal Argentina, Educación para el amor, Buenos Aires, Oficina del Libro, 2007, página 53.

(4) “Entrar en el Vaticano es como lavarse en un mar de hijoputez”, en www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-95930-2007-12-09.html‎

EL RIESGO DE VOLVER A LA “NACIÓN CATÓLICA”

La designación de Jorge Bergoglio como primer papa católico romano ha producido un efecto impensado poco tiempo atrás: la “buena” relación con el gobierno kirchnerista.

Visitas de la presidenta al Vaticano, intercambio de regalos, llamados por teléfono del pontífice a la mandataria, preocupado por su salud, y el rumor que Francisco desea que este gobierno “termine bien”, permite preguntarnos si existe el riesgo de volver al mito de la “nación católica”.

Luego del período del liberalismo político, encarnado en la figura del presidente Julio A. Roca, donde se llevaron a cabo profundos cambios a favor de la secularización de la sociedad y laicidad de las instituciones y leyes, iba a surgir un nuevo “modo de ser” católico, cual es, el integrismo o católico “integral”, en palabras de Esquivel.

Según el autor, el integrismo naciente se caracterizó por enfatizar que el rol de la Iglesia en el continente y en nuestro país era ser “rectora” de la sociedad, con facultades para determinar normas de conducta social y “códigos de convivencia”.

Consecuencia de ello comenzó la introyección de sus valores religiosos en la sociedad civil, el “ser católicos en toda la vida”, surgiendo una clara impronta totalitaria. La tendencia, que se prologaría durante todo el siglo XX puede resumirse en estas palabras: “La Iglesia impondría a la población una unidad totalizante cultural y religiosa, desde la cual daría sentido y pertenencia a todos los ámbitos de la vida comunitaria” (1). A eso se le sumo la creciente participación en la vida política a través del clero y laicado en diversos escenarios políticos y gubernamentales.

El efecto inmediato del integrismo religioso fue (y sigue siéndolo), la intromisión de la Iglesia en la legislación y políticas públicas en materias que son de su interés y que considera “mixtas”, es decir, cuestiones que interesan tanto a ella como al Estado.

Este “modo de ser” católico implicó el resurgimiento, a partir del golpe de estado de 1930, de viejas ideas políticas que tuvieron su auge en los momentos fundantes de la nación y que permanecieron en estado latente durante varios períodos políticos.

Hablamos de la antigua idea/matriz que identificó identidad territorial con identidad religiosa, que en épocas de la colonia se cristalizó en identificar el “ser nacional” con el “ser católico”, y que a mediados del siglo XX se reformularía mediante la expresión “nación católica”.

La “nación católica” fue estudiada por el historiador Loris Zanatta quien la calificó como un mito. Más allá de ello, dicha fórmula posibilitó a la Iglesia la obtención de más beneficios y mejor posicionamiento político desde el primer golpe de estado producido en 1930.

El resurgimiento de las antiguas ideas, las nuevas fórmulas y los consiguientes privilegios beneficiaron a la Iglesia Católica. Siguiendo el pensamiento de Zanatta, fueron posibles gracias a un contexto político que tuvo las siguientes características: 

a. Nacional/catolicismo como “corpus ideológico” que fundó no sólo el autoritarismo católico, sino que se construyó “sobre la base de la superposición de “catolicidad” y “nacionalidad”, de la identidad entre confesión religiosa y ciudadanía.

b. Crisis del liberalismo que permitió a la Iglesia y al catolicismo la reorganización de las tendencias antiliberales y antisocialistas.

c. Lucha del catolicismo “por imponerse como fundamento constitutivo de la identidad nacional”, acción que incluyó “elevar a misión institucional del Ejército la construcción y defensa de la “nación católica”.

d. Protagonismo político del catolicismo como consecuencia de la crisis del liberalismo.

e. La Iglesia Católica como “factor de cohesión social”.

f. Revisión del concepto de nación elaborado por el liberalismo; identificación entre nación y catolicidad.

g. “Catolización de la historia nacional”.

Este contexto político, formado durante los años treinta, posibilitó que la Iglesia reafirmara “con fuerza su centralidad en la historia y en la tradición del país, y pretendió que el catolicismo encarnase la identidad espiritual indiscutida de la nación. Sobre esta base, partió a las cruzadas contra el liberalismo, el socialismo, el comunismo, ideologías importadas, enemigas del “ser nacional” (2). 

Cumpliendo aquel papel, no extrañó que con el transcurso del tiempo y relacionándose con diversos gobiernos consiguiera no sólo creciente participación e influencia política, sino los privilegios jurídicos que aún tienen vigencia en nuestro país.

Hablar del riesgo de volver al referido mito implica necesariamente que los diversos actores sociales estén atentos para que no recobren fuerzas los viejos indicadores que vehiculizaron los privilegios hacia la Iglesia, es decir, el resurgimiento de los binomios territorio/religión, el ser nacional equivalente a ser católico; clericalización social y recristianización de la sociedad.

Notas

(1) Esquivel, Juan Cruz, Iglesia Católica, política y sociedad: un estudio de las relaciones entre la elite eclesiástica argentina, el Estado y la sociedad en perspectiva histórica. En publicación: Informe final del concurso: Democracia, derechos sociales y equidad; y Estado, política y conflictos sociales. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2000.

(2) Zanatta Loris, Perón y el mito de la nación católica, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

CANONIZACIÓN DE JUAN PABLO II, O CÓMO EL VATICANO ESCUPE AL CIELO

“Nadie seguirá a un Mesías si éste no hace milagro alguno. Al menos, esto es así por principio, porque hay una alternativa: que al Mesías o a aquél que se tiene por Mesías se le atribuyan acciones  milagrosas que él no ha realizado. Y de poco le sirve que él en persona arremeta contra el afán de milagros. En todo caso se le proveerá de acciones milagrosas” (1)

El tema de los milagros permite abordar no sólo la histórica manipulación que de ellos ha hecho la Iglesia Católica, sino que conecta con otras artimañas que la institución religiosa comete ante las consecuencias celestiales de aquellos: las canonizaciones.

Conforme la lúcida opinión de la teóloga citada, el Mesías cristiano rechazó los milagros “como acreditación de la verdad de su mensaje: “Si no veis señales y prodigios, no creéis” (Jn 4,48)”. Para él “la creencia en virtud de los milagros no es fe” (2).

La teología crítica es conteste en admitir que los milagros no pasan de ser fábulas o leyendas utilizadas por la religión - en nuestro caso, católica - para satisfacer sus intereses. Se basa en que ni las cartas de los Apóstoles, ni Pablo (fundador del catolicismo), hicieron referencia alguna a acciones milagrosas de Jesús.

Ni el milagro de la “boda de Caná” (que, para seguir su costumbre de adaptar sus fechas litúrgicas, la iglesia hizo “coincidir” el 6 de enero, fiesta del dios griego Dioniso); ni las curaciones milagrosas (con su “lógica” culpa causante/enfermedad causada, y la variante “no curación” por falta de fe de la gente); ni las expulsiones de demonios (que conforme el estado de los conocimientos médicos de la época hacían confundir a epilépticos, ciegos, mudos, o enfermos de gota con “endemoniados”), ni los milagros de la naturaleza (análogos a los que relataba Pitágoras); o el de la higuera (donde se castiga injustamente a ese pobre árbol por no dar frutos fuera de época); o la resurrección de muertos (sobre todo la de Lázaro, plagada de contradicciones entre los evangelistas), permiten sostener que haya “algo cristiano sobre lo que se deba teologizar”, en palabras de la alemana.   

Si la Iglesia Católica, impune y cínicamente, ha manipulado los milagros, cabe el mismo criterio para su efecto institucional inmediato, las canonizaciones.

Históricamente, fueron utilizadas no sólo con fines religiosos, sino esencialmente políticos y económicos. Como sostiene José María Castillo “un santo “bien aprovechado” puede ser una mina: las peregrinaciones, las reliquias, los milagros, las indulgencias han sido siempre, y siguen siendo, una fuente importante de ingresos. Por eso ha pasado lo que ha pasado” (3). En pleno siglo XXI sigue siendo un negocio redondo administrado por el Vaticano S.A.

¿Y qué muerto será sujeto de la próxima canonización? Nada menos que el papa Juan Pablo II, cuyo procedimiento fue motorizado por los sectores fundamentalistas e integristas del catolicismo, haciendo apología de amnesia colectiva, si se tienen en cuenta las canalladas que hizo el pontífice durante todo su período de gobierno.

De la mano de la manipulación señalada, vienen dos artimañas y una confirmación. La primera, el propio Juan Pablo II fue quien dictó, el 25 de enero de 1983, la Constitución apostólica “Divinus perfectionis magister”, reformando los procesos de  beatificación/canonización establecidos en el siglo XVII por Urbano VIII, y que lo iba a beneficiar de modo directo; segunda, su período de gobierno fue un cúmulo de violaciones a derechos humanos que invalidan su propia canonización. La confirmación: con la santificación efectuada, Francisco ratifica la continuidad del modelo institucional clerical, obsoleto, que poco y nada tiene que ver con el cristianismo.

1. La modificación de las reglas: prevaricar, esa es la cuestión

La constitución apostólica mencionada, contiene una serie de reformas en el procedimiento de canonización que, paradójicamente, lo convierte en “non sancto” ya que exponen decisiones injustas y premeditadas por parte de quien, a posteriori, iba a ser el principal beneficiado. Las reformas recayeron en los siguientes puntos:

a) Reducción de plazos: mientras históricamente el procedimiento de beatificación/canonización comenzaba 5 años después de la muerte del candidato, con la referida Constitución, el propio Juan Pablo II permitió que se diera una dispensa de ese plazo para iniciar algunos procesos, obviamente, digitados por el Vaticano conforme sus intereses. De esta modificación se valió Benedicto XVI para iniciar el proceso de Wojtyła, y que ahora culmina con la canonización.

b) Eliminación del “abogado del Diablo”: este personaje, tradicionalmente, era el encargado de poner trabas a los méritos del candidato. Su figura fue abolida por Juan Pablo II y suplantada por el “promotor de justicia”, un sujeto que en vez de exponer los hechos negativos probados se limita a reforzar los méritos del futuro santo.

c) Milagros oscuros: de los numerosos hechos atribuidos al papa, se eligió el de una monja que se curó del mal de Parkinson, al haberla encomendado sus compañeras de congregación al papa difunto. La cuestión es que un médico polaco consultado por el Vaticano sostuvo que tenía dudas acerca de la curación milagrosa, ya que los padecimientos de la monja podían deberse a otra enfermedad neurológica, no al Parkinson. Como es obvio, el Vaticano buscó otra opinión que finalmente permitió a la Comisión Médica de las Causas de los Santos sentenciar la curación “instantánea”. El segundo milagro, que permite la canonización, fue a favor de una costarricense curada de un aneurisma cerebral.

d) Reducción en los aranceles y tasas: con la excusa que acortando plazos también se reducen tasas y aranceles, se blanqueó el hecho que para llegar al cielo católico hay que pagar, ¡no faltaba más! En algunos casos se gastaron millones de dólares en la beatificación, por ejemplo, en el caso de José María Escrivá de Balaguer, fundador de la secta nacionalcatólica “Opus Dei”. El primer documento (la “positio”), a favor de un nuevo beato cuesta 6.000 euros más los honorarios de quien postula. En el caso de Juan Pablo II no se sabe cuánto se ha pagado.

e) Objeciones no incluidas en el procedimiento: numerosos informes, tanto de sectores del progresismo como del conservadurismo, que contenían no pocas objeciones a la beatificación/canonización no fueron agregados ni tenidos en cuenta durante todo el período en que duró el procedimiento.

Esos detalles “menores” le permitieron al pontífice ser beneficiario celestial. Demuestran también que un procedimiento justo es lo que menos importa a la hora de manipular masas y facturar.

2. Diabluras terrenales: por qué la canonización de Juan Pablo II es una desvergüenza

Lo expuesto respecto a la manipulación y relajación del proceso no deja de ser exponente de las prácticas caricaturescas de la jerarquía vaticana, necesitada imperiosamente de cielos, infiernos, figuras mitológicas, patrones y patronas, fábulas, supercherías e idolatrías varias para controlar conciencias y mantenerlas en un catecismo de primera comunión.

La realidad es bastante más implacable y demuestra el cúmulo de males que ocasionó Wojtyła, cuyos efectos atroces aún lo padecen los católicos y no pocas sociedades laicas. Hagamos un muy breve repaso de las diabluras del sujeto en cuestión.

a) Encubridor del clero abusador sexual: el período de gobierno de Juan Pablo II fue, por lejos, el peor en cuanto a la política de encubrimiento de curas abusadores sexuales. La valentía de las víctimas y la acción de los medios de comunicación social fueron determinantes para que se hiciera visible el fenómeno.

Normas jurídicas elaboradas premeditadamente para proteger a los abusadores, modus operandi de carácter universal para encubrir delincuentes, maniobras judiciales dilatorias, compra del silencio de las víctimas bajo el disfraz de “resarcimientos”, mantenimiento del secreto pontificio, “decálogo” para proteger a los violadores con sotana, son aberraciones que se fomentaron y ampliaron bajo el mandato de este papa, principal responsable de encubrir la plaga, cuyos efectos siguen intactos dentro de la institución.

En el “ranking” de delincuentes protegidos por Wojtyła hay para todos los gustos: desde el monstruo llamado Oliver O’Grady, quien abusó de un bebé de 9 meses; pasando por James Poole, a quien se le confió una adolescente muy pobre, la embarazó, y la convenció para que le dijera a la policía que había sido su padre quien lo había hecho, siendo este encarcelado; hasta el multimillonario y pedófilo Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, mecenas financiero del pontífice y del Vaticano. Cabe recordar que dicha congregación ha recibido el guiño de Francisco para seguir con sus actividades.

Por esta sola causa, todo el proceso de canonización es nulo de nulidad absoluta. Es un insulto a las víctimas y sus familias, y la prueba máxima que la Iglesia es una máquina picadora de seres humanos que están debajo, pero muy debajo, de la macabra institución.

b) Continuador de la corrupción financiera vaticana: fundamentalmente, porque no continuó la investigación iniciada por su predecesor Juan Pablo I sino que mantuvo en sus cargos a los principales responsables de la corrupción financiera, por ejemplo, el obispo Paul Marcinkus, durante 10 años. Luego, fue escondido en el Vaticano para evadir las citaciones de la justicia italiana.

Innumerables son los periodistas e investigadores que analizó minuciosamente el lavado de dinero vaticano durante el período de este papa, como el desvío de fondos para financiar al sindicato polaco “Solidaridad”. El capítulo financiero de la gestión del papa Wojtyła fue vergonzoso y es otro obstáculo insalvable que anula la canonización.

c) Avalista de dictadores latinoamericanos: el período de gobierno de Wojtila coincidió, dramáticamente, con las dictaduras militares latinoamericanas. En el caso de nuestro país, la colaboración de la mayoría de la Conferencia Episcopal Argentina y sus secuaces laicos con los genocidas es un hecho irrefutable.

La ideología católica fue el fundamento de las dictaduras con sus mitos de legitimación: hispanismo, civilización occidental y cristiana, identidad nacional católica, entre otros.

La histórica alianza Ejército-Iglesia en nuestro país, que llevó a esta última a apoyar todos los golpes de estado, tuvo un jugoso “premio” en la última dictadura: el conjunto de leyes que beneficiaron económicamente a la Iglesia, sobre todo, aquella por la que todavía hoy los obispos cobran un sueldo del estado nacional.

En el caso de Chile, la bendición católica a la sangrienta dictadura que sufrió ese país se reflejó en la cercanía a través del Nuncio y gestos políticos como la salida al balcón del Palacio de la Moneda del pontífice junto al dictador genocida Augusto Pinochet para quien, además, celebró una misa especial.

d) Abanderado del machismo clerical: fue este pontífice quien le cerró las puertas a las mujeres para acceder al sacerdocio, confirmando el carácter machista y discriminador del catolicismo romano.

Conforme la Carta Apostólica “Ordinatio sacerdotalis”, Juan Pablo II sostuvo que la Iglesia “no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal”, fundamentalmente, porque Cristo no eligió mujeres.

Quiso congraciarse con el colectivo femenino a través de otra Carta Apostólica: “Mulieris Dignitatem”, pero le salió mal. Como sostiene Roser Puig Fernández, “según Juan Pablo II, el Maestro prescindió de las mujeres para su proyecto clerical porque le dio la gana y la Iglesia no podía hacer nada al respecto (tesis desmentida por la exégesis y la teología actualizadas e independientes) ¡Bonita manera de colgarle a Jesús de Nazaret la responsabilidad del escándalo de la discriminación de la mujer en la Iglesia Católica!” (4)

e) Defensor del genocidio español en Latinoamérica: fue continuador de la histórica apología de los papas respecto a la evangelización de las tierras americanas, que vino de la mano del genocidio y rapiña española, de los que la Iglesia Católica resultó beneficiaria privilegiada.

Relata Deschner que en uno de sus primeros viajes, efectuado a República Dominicana en 1979, el pontífice dio gracias a su dios porque le concedió poner pie en esa porción de tierra americana que se “abrió a Jesucristo”.

Como contrapunto a semejante acto de cinismo, citando a Bartolomé de las Casas, sostuvo el autor: “los cristianos… tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas”. “Alabado sea Dios, que me condujo aquí” (5), dijo Juan Pablo II.

f) Impulsor del totalitarismo religioso: sabido es que la ideología católica se caracteriza por ser invasiva de las conciencias, intimidad y autonomía de las personas, sean creyentes o no. Bajo el disfraz de libertad religiosa se esconde una milimétrica política de “cristianizar” sociedades, utilizando parasitariamente a los estados.

Y si en el poder vaticano se encuentra un papa integrista, la nota totalitaria se acentúa más. Es lo que destacó el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais al analizar este aspecto del pontificado de Wojtyła cuyo pensamiento estuvo dirigido a anular la autonomía de las personas, la libertad de decidir, las singularidades y autodeterminación de la propia existencia. “El secreto más auténtico del totalitarismo no es el ateísmo, sino la voluntad de anular al individuo concreto, que es siempre y únicamente fragmento, en favor de la comunión despótica y la negación de las diferencias” (6). El nuevo santo fue un abanderado del totalitarismo en clave religiosa.

g) Enemigo de la libertad de expresión. Censura a teólogos: fueron cientos los teólogos y teólogas sancionados durante la gestión de Juan Pablo II. Todos por ejercer la libertad de investigación, pensamiento y expresión, derechos humanos inalienables aunque en la Iglesia Católica no se hayan percatado todavía. Ejemplo de ello fue Hans Küng a quien en 1979 le fue retirada la licencia para enseñar como teólogo católico.

El foco inquisidor de Juan Pablo II y su mejor discípulo censor (Ratzinger), fueron los teólogos especialistas en moral y los de la liberación. Con la Instrucción “Donum Veritatis”, sobre la vocación eclesial del teólogo, institucionalizó la violación a la libertad de investigación al sostener que “no se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las intervenciones del Magisterio” (7).

Se suma a semejante violación de derechos, el mantenimiento de la censura en el Código de Derecho Canónico, regulada en el Título IV, “De los instrumentos de comunicación social y especialmente de los libros”. Dichas normas son complementadas con el “Reglamento para el examen de doctrinas”, también conocido como “Ratio agendi”, que establece los dos procedimientos de censura que se aplican en la institución, todavía vigentes.

h) Negador de derechos humanos al interior de la iglesia: Código de Derecho Canónico y Catecismo

Lo dicho respecto a la violación legalizada de la libertad de expresión puede hacerse extensivo a otros derechos humanos que les son negados a los católicos. Entre ellos, la libertad de pensamiento y conciencia tipificados como “delito” de herejía (negación o duda pertinaz de una cuestión de fe); el cisma, negando el derecho a disentir con la autoridad; la negación del derecho de las sacerdotes a contraer matrimonio, lesionando su libertad de intimidad; el castigo a los apóstatas, personas que deciden irse de la Iglesia, o cambiar de religión, y que tienen regulada una “sanción” por el sólo hecho de retirarse, solución ridícula y absurda si las hay; negación a los laicos de ejercer derechos políticos para elegir a sus autoridades; negación a los laicos del derecho de gobernar la institución, justificada en la falacia que la Iglesia tiene una estructura “jerárquica”, querida por su agresivo dios; la elaboración de la “teología del cuerpo”, un auténtico compendio para mojigatos con pretensiones de ser impuesto a toda la sociedad mediante leyes laicas, anulando la autonomía de decisión de mujeres y varones sobre su propio cuerpo; las normativas sobre ética sexual. Y la lista puede engrosarse todavía más si se profundiza en el Código Canónico sancionado durante su pontificado.

Si el referido Código es un compendio de violaciones a derechos, algo similar puede decirse del Catecismo, también sancionado en el período de gobierno de Juan Pablo II. La legitimación de la pena de muerte (N° 2266), la exclusión de la mujer, las condenaciones “eternas” por actos inmorales nimios, y las ausencias del pluralismo y juicio críticos son puntos destacados.

3. Continuismo de Francisco: la turbiedad del modelo clerical

Ahora bien, ¿nada bueno hizo Juan Pablo II durante 27 años de monarquía? Sus apologistas destacan su gran carisma; sus dotes actorales frente a las cámaras (sobre todo en los viajes al exterior donde besaba el suelo de la nación que visitaba); el fomento de las Jornadas Mundiales de la Juventud; su cercanía a los enfermos, a los pobres, a los desvalidos; el asistencialismo; su firmeza para contribuir al derrocamiento del comunismo; su mediación para evitar la guerra entre Argentina y Chile; el pedido de perdón al iniciar el nuevo milenio. ¿Alcanza con estos supuestos méritos? Entendemos que no. Cada uno de ellos pueden ser rebatidos sin dificultad y ni siquiera atenúan mínimamente los terribles hechos que tuvieron al pontífice como autor material, brevemente comentados.

La descarada canonización del pontífice, plagada de manipulaciones, actos de prevaricación, y ocultamiento de la verdadera actuación del sujeto en cuestión, lleva la impronta clerical destacada por Deschner: “Son millones las víctimas que [el catolicismo] tiene sobre su conciencia, pero lo suyo es digerirlas sin que ello perturbe su digestión” (8).   

El turbio modelo institucional de Francisco, continuismo del de sus predecesores, no tiene otro efecto que confirmar el histórico antagonismo con el primer cristianismo. De ahí que le asista razón a la referida teóloga alemana cuando sostiene que el fundador del movimiento “está enterrado no sólo en Jerusalén, sino también bajo una montaña de cursilería, fábulas y fraseología eclesiásticas” (9).

La canonización de Juan Pablo II, así lo confirma.

Notas

(1)   Ranke-Heinemann, Uta, No y amén, invitación a la duda, Trotta, Madrid, 1998, p. 89

(2)  Ibídem

(3)  Castillo, José M., Cómo se hace un santo, en www.moceop.net/spip.php?article322‎

(4)  Puig Fernández, Roser, “A los veinte años de la “mulieris dignitatem”. Feminismo en la Iglesia Católica, en www.redescristianas.net/.../a-los-veinte-anos-de-la-mulieris-dignitatem-fe...‎

(5)  Deschner, Karlheinz, Opus Diaboli, Yalde, Zaragoza, 1987, p. 237.

(6)  Flores d’Arcais, El Desafío oscurantista, Anagrama, Barcelona, 1994, p. 33.

(7)  www.vatican.va/.../rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_s...

(8)  Deschner, Karlheinz, El Anticatecismo, Yalde, Zaragoza, 1990, p. 2.

(9)  Op. cit. p. 15.